El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha anunciado de manera contundente a través de sus redes sociales que no autorizará ningún incremento en la tarifa del pasaje de bus en la ciudad, a pesar de la reciente eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno central.
En un pronunciamiento directo, Álvarez culpó al Gobierno por la situación y afirmó: «La decisión del Municipio es clara: NO subir el pasaje. Que el Gobierno asuma sus errores y deje de sacarse las responsabilidades de encima».
Este anuncio se produce en respuesta a las declaraciones de Roberto Luque, ministro de Transporte e Infraestructura, quien sugirió que, una vez finalizado el plan de compensaciones monetarias a los transportistas, serían los municipios quienes deberían dialogar sobre las tarifas con los conductores. Luque indicó que esta medida sería temporal y podría extenderse hasta por un año, dejando en manos de los reguladores locales la decisión final sobre los precios.
Las tarifas en Guayaquil y la postura del Municipio
Álvarez detalló que Guayaquil maneja dos tarifas de transporte urbano:
- $0,30 para la categoría popular.
- $0,45 para la clase ejecutiva, que exige que los buses sean nuevos y ofrezcan servicios como Wi-Fi y aire acondicionado.
El alcalde fue enfático al señalar que más de 2.600 buses en la ciudad «no cumplen las exigencias para tener un transporte digno para los guayaquileños» y, por lo tanto, según el criterio del Municipio, no califican para un aumento.
Subsidio a la Metrovía y límites financieros
Álvarez también recordó el subsidio de 15 centavos que el Municipio mantiene en el sistema Metrovía, elevando su pasaje general a $0,45, mientras que los usuarios con la Tarjeta Guayaca continúan pagando $0,30. Sin embargo, aclaró que las finanzas del Cabildo no permiten replicar esta medida de subsidio para la totalidad del transporte urbano de la ciudad.
El Gobierno ha reiterado que no negociará la eliminación del subsidio al diésel y ha negado un alza en el precio del gas, a la vez que ha habilitado oficinas para que los transportistas se inscriban en un plan de compensación. La decisión de Álvarez pone de manifiesto una clara confrontación entre el Gobierno central y el cabildo porteño, dejando la responsabilidad de la tarifa de pasajes en el centro del debate político y económico.