Ecuador se encuentra en un momento de gran agitación social y política. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se ha declarado en sesión permanente y ha convocado a una asamblea extraordinaria para definir sus próximas acciones contra el gobierno de Daniel Noboa. Las protestas se intensifican, especialmente en respuesta a dos puntos clave: la eliminación del subsidio al diésel y la expansión de la minería.
La eliminación del subsidio al diésel, la gota que colma el vaso
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha exigido la derogatoria del Decreto 126, con el cual el gobierno de Noboa eliminó el subsidio al diésel. Vargas calificó esta medida como un golpe directo a los sectores más empobrecidos del país. En las últimas horas, la decisión ha provocado el cierre de vías, incluyendo puntos estratégicos como la Panamericana Norte en Quito. La Conaie ha expresado su total respaldo a estas protestas, que reflejan un descontento generalizado.
La lucha por el agua se une al clamor nacional
En un acto de solidaridad y civismo, la Conaie se unió a la «gran marcha por el agua» en Cuenca, una manifestación convocada por el Cabildo por el Agua. Esta marcha, que se lleva a cabo en contra del proyecto minero Loma Larga de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, ha cobrado un nuevo significado en el contexto de las protestas nacionales.
Según Marlon Vargas, la participación de los ciudadanos de Cuenca es un ejemplo de «lección de civismo» que merece ser aplaudido. El proyecto minero Loma Larga, que recibió su licencia ambiental el 24 de agosto, ha sido un motivo de preocupación para las comunidades locales debido a su potencial impacto en el medio ambiente y los recursos hídricos.
¿Qué viene ahora?
La asamblea extraordinaria de la Conaie, programada para el 18 de septiembre, será crucial para determinar el futuro de las acciones de la organización. Vargas ha hecho un llamado a otras organizaciones sociales a unirse a la movilización, buscando un frente común contra las políticas gubernamentales que, a su juicio, perjudican a la mayoría de la población.
Mientras tanto, en un intento por contener la escalada de las protestas, el presidente Daniel Noboa ha decretado el estado de excepción en siete provincias del país, incluyendo a Pichincha y Azuay, que son epicentros de las manifestaciones. Esta medida, aunque busca restablecer el orden, podría intensificar aún más el clima de tensión.
¿Crees que el estado de excepción logrará detener las protestas, o podría encender aún más el conflicto entre el gobierno y las organizaciones sociales?