La racha ganadora del oficialismo en la Asamblea Nacional de Ecuador terminó de forma abrupta. A tres meses de su aprobación, las controvertidas Leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional (CC), dejando en el limbo un vasto entramado de 34 reformas penales impulsadas por Acción Democrática Nacional (ADN).
La Decisión de la CC: Irregularidades en el Trámite 🏛️
La Corte Constitucional fundamentó su decisión en la vulneración legal cometida por la Presidencia y el Legislativo. El trámite incumplió la supuesta urgencia económica, el principio de unidad de materia, y los principios de deliberación. En esencia, las leyes trataron temas dispares —desde servicio público hasta seguridad— disfrazados de urgencia, lo que la CC consideró un atropello al debido proceso legislativo.
Como resultado, todas las nuevas normas y reformas planteadas a través de estos proyectos dejan de existir. No obstante, la CC limitó la retroactividad de su fallo solo a la ejecución de las penas establecidas en la Ley de Integridad Pública, debido a la mezcla de temas incluidos en los textos.
¿Qué Desaparece? El Popurrí de Reformas 📝
Con la caída de ambas leyes, se esfuman normativas cruciales y altamente debatidas que sumaban 34 modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre las más destacadas se encuentran:
- Marco Legal del Conflicto Armado Interno: Se anulan los nuevos y ambiguos delitos relacionados con la pertenencia a un grupo armado organizado (GAO), que establecían penas de hasta 30 años para cabecillas, así como los 18 delitos conexos que se buscaba crear.
- Tabla de Consumo y Drogas: A pesar de la celebración presidencial por su supuesta eliminación, la reforma de Solidaridad volvía a llenar el vacío legal con nuevos lineamientos de consumo que debían ser creados por varias instituciones. Esto ahora queda sin efecto.
- Hidrocarburos y Fronteras: Desaparecen las nuevas figuras penales que convertían en infracciones graves las acciones contra la actividad hidrocarburífera con el fin de beneficiar a grupos de delincuencia organizada. Esto incluía atentados contra oleoductos y penas más severas en provincias fronterizas.
- Trato Especial a Uniformados: Queda sin piso la intención de la Asamblea de establecer que militares y policías no reciban prisión preventiva, arresto domiciliario, ni uso de grillete por investigaciones durante el cumplimiento del deber.
- Expulsión de Extranjeros: Se anulan las polémicas reformas de la Ley de Integridad que permitían la expulsión de extranjeros sentenciados y, en contexto de conflicto armado, incluso de aquellos solo con orden de prisión preventiva (sin sentencia ejecutoriada), considerándolos objetivos militares si reingresaban en 40 años.
- Prevaricato y Fraude Procesal: Se anulan los aumentos de pena para jueces, fiscales y árbitros que incurran en prevaricato, especialmente si benefician a GAO, y las nuevas penas por fraude procesal, incluyendo la ayuda para la ocultación de evidencias.
La Factura de la Improvisación 📉
El contenido de las leyes, marcado por una inclusión apresurada de temas inconexos —desde la emergencia judicial y donaciones para la Policía y FF.AA. hasta la regulación de delitos en conflicto armado—, refleja una improvisación que, en última instancia, le pasó factura al oficialismo no solo en el fondo, sino en la forma. Las «correcciones de errores, ajustes e inclusión posterior de artículos» se convirtieron en la tónica de la legislación oficialista, llevando a su inminente colapso.
La caída de las leyes de Solidaridad e Integridad Pública representa un duro golpe para la agenda de seguridad del Gobierno y subraya la necesidad de un proceso legislativo más riguroso y apegado a la Constitución.