El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha respondido a la creciente tensi贸n por el alza del precio del di茅sel con la declaratoria de un nuevo estado de excepci贸n por 60 d铆as en diez provincias del pa铆s. La medida, justificada por una 芦grave conmoci贸n interna禄 y la radicalizaci贸n de las protestas ind铆genas, busca frenar los bloqueos y la violencia en las v铆as.
Restricciones y Justificaci贸n
El decreto presidencial suspende el derecho a la libertad de reuni贸n durante las 24 horas del d铆a en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bol铆var, Ca帽ar, Azuay, Orellana, Sucumb铆os y Pastaza. El objetivo es impedir las aglomeraciones en espacios p煤blicos que busquen paralizar servicios esenciales.
Noboa justific贸 la decisi贸n en la escalada de violencia, que ha incluido agresiones, secuestros y vejaciones a polic铆as y militares, argumentando que las protestas han 芦rebasado los l铆mites del ejercicio leg铆timo de los derechos禄.
La medida llega tras la advertencia del l铆der de la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, de que las movilizaciones podr铆an 芦tomarse Quito禄 si el Gobierno no atiende sus demandas. Vargas hizo un llamado a recordar los paros de 2019 y 2022, que obligaron a gobiernos anteriores a revertir la eliminaci贸n de subsidios a los combustibles.
Crisis Econ贸mica y Legal
Esta nueva declaratoria se produce inmediatamente despu茅s de que la Corte Constitucional anulara un estado de excepci贸n anterior en cinco de las siete provincias donde hab铆a sido decretado. Los jueces mantuvieron la medida excepcional 煤nicamente en Carchi e Imbabura, consideradas epicentros de la conflictividad y con evidencia de bloqueos prolongados y afectaciones al abastecimiento.
El impacto econ贸mico de los bloqueos ha sido severo. Solamente en Carchi e Imbabura, las p茅rdidas acumuladas por la paralizaci贸n de actividades y el cierre de v铆as se estiman en m谩s de $42 millones de d贸lares. A nivel nacional, la afectaci贸n empresarial por el paro de la Conaie ha superado los USD $70 millones.
A pesar de la presi贸n social y los antecedentes hist贸ricos, el Gobierno de Noboa ha mantenido una postura firme, se帽alando que no negociar谩 la eliminaci贸n del subsidio al di茅sel, argumentando que este no beneficiaba a los m谩s pobres, sino al contrabando y la miner铆a ilegal.
Las protestas, que ya suman m谩s de trece d铆as, han dejado un saldo de un fallecido, m谩s de ochenta heridos y m谩s de un centenar de detenidos. El presidente ha dispuesto la movilizaci贸n de las Fuerzas Armadas y la Polic铆a Nacional a las diez provincias para 芦proteger la vida e integridad f铆sica de la ciudadan铆a禄 y el derecho a la libre circulaci贸n.