La Corte Constitucional avocó conocimiento de la Acción Extraordinaria de Protección presentada por la defensa del expresidente Jamil Mahuad, sentenciado a ocho años de prisión por peculado en el marco del feriado bancario de 1999.

[8 de marzo de 1999] Una fecha imborrable en la historia económica de Ecuador: el entonces presidente Jamil Mahuad firmaba el Decreto 685, declarando el congelamiento de depósitos bancarios, una medida que buscaba contener una crisis financiera sin precedentes, pero que, a la postre, sentó las bases para su derrocamiento y la posterior adopción de la dolarización.

El feriado bancario, inicialmente de 24 horas, se extendió por una semana, sumiendo al país en el caos y limitando la disponibilidad de dinero de los ahorristas, cuyo capital perdía valor a diario.

Una Disputa Judicial de Dos Décadas

La gestión de Mahuad terminó abruptamente con su derrocamiento doce días después de la dolarización en enero del 2000, dando inicio a una larga y compleja disputa judicial.

  • Julio de 2000: Inicia el proceso judicial contra Mahuad por el delito de peculado.
  • 2014: Mahuad es sentenciado a 12 años de prisión.
  • Mayo de 2017: Se ratifica la sentencia, pero se ajusta la pena a ocho años, el máximo legal para el delito en ese momento.
  • Octubre de 2020: Es rechazado el recurso de casación de la defensa.

El Enfoque de la Corte Constitucional

El último capítulo de esta saga judicial se abrió en abril de 2021 con la presentación de una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional (CC). Finalmente, el pasado 27 de noviembre, el alto tribunal avocó conocimiento de la misma, poniendo el caso en una etapa decisiva.

Es crucial entender el alcance de la CC en esta instancia:

«La Corte Constitucional no determinará si hubo una mala aplicación de la ley o una deficiente apreciación de las pruebas. Lo que hace en esta instancia es determinar si la sentencia vulneró el debido proceso y otros derechos constitucionales.»

Mahuad ha sostenido consistentemente que se le ha condenado por ejercer su facultad de firmar decretos, negando cualquier nexo causal entre el congelamiento de depósitos y el peculado por el que fue hallado culpable, buscando que el proceso finalmente reconozca su inocencia.

La defensa ya ha presentado una recusación contra el presidente de la CC, Jhoel Escudero, por supuestas expresiones previas sobre el decreto y la dolarización, aunque esperan una resolución «en derecho» que, según el expresidente, debe validar su inocencia.