El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha respondido a la creciente tensión por el alza del precio del diésel con la declaratoria de un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias del país. La medida, justificada por una «grave conmoción interna» y la radicalización de las protestas indígenas, busca frenar los bloqueos y la violencia en las vías.
Restricciones y Justificación
El decreto presidencial suspende el derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas del día en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. El objetivo es impedir las aglomeraciones en espacios públicos que busquen paralizar servicios esenciales.
Noboa justificó la decisión en la escalada de violencia, que ha incluido agresiones, secuestros y vejaciones a policías y militares, argumentando que las protestas han «rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos».
La medida llega tras la advertencia del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, de que las movilizaciones podrían «tomarse Quito» si el Gobierno no atiende sus demandas. Vargas hizo un llamado a recordar los paros de 2019 y 2022, que obligaron a gobiernos anteriores a revertir la eliminación de subsidios a los combustibles.
Crisis Económica y Legal
Esta nueva declaratoria se produce inmediatamente después de que la Corte Constitucional anulara un estado de excepción anterior en cinco de las siete provincias donde había sido decretado. Los jueces mantuvieron la medida excepcional únicamente en Carchi e Imbabura, consideradas epicentros de la conflictividad y con evidencia de bloqueos prolongados y afectaciones al abastecimiento.
El impacto económico de los bloqueos ha sido severo. Solamente en Carchi e Imbabura, las pérdidas acumuladas por la paralización de actividades y el cierre de vías se estiman en más de $42 millones de dólares. A nivel nacional, la afectación empresarial por el paro de la Conaie ha superado los USD $70 millones.
A pesar de la presión social y los antecedentes históricos, el Gobierno de Noboa ha mantenido una postura firme, señalando que no negociará la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que este no beneficiaba a los más pobres, sino al contrabando y la minería ilegal.
Las protestas, que ya suman más de trece días, han dejado un saldo de un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos. El presidente ha dispuesto la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a las diez provincias para «proteger la vida e integridad física de la ciudadanía» y el derecho a la libre circulación.